El Ministerio de Hacienda permitirá a los ayuntamientos aplicar una rebaja de hasta un 20% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los edificios que sean más eficientes energéticamente, mediante una enmienda que el PP tiene previsto introducir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 en el Senado, y que entrará en vigor el 1 de enero de 2016, según han recogido varios diarios como El Mundo o El Economista.
La enmienda, que modifica la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que las ordenanzas fiscales de los ayuntamientos a partir del 1 de enero de 2016 podrán regular una bonificación sobre la cuota íntegra del IBI de naturaleza urbana en función de la calificación de eficiencia energética de los inmuebles, de tal manera que supondrá una mayor rebaja para los edificios energéticamente más eficientes y una menor o nula bonificación para los menos eficientes o para los que no de calificación.
Para beneficiarse de esta bonificación, los propietarios del inmueble deberán acreditar el certificado energético ante el ayuntamiento, donde se indica la calificación energética del edificio.
Así, para aquellos que tengan la mayor calificación ('A') se podrá introducir una bonificación de hasta el 20%. La escala introducida prevé también que para los edificios de calificación energética 'B' la bonificación será de hasta el 16%, y para los que tengan una calificación de 'C', alcanzará hasta el 12%. Los de calificación energética 'D' podrán disfrutar de una bonificación de hasta el 8% y los de 'E', de hasta el 4%. Los inmuebles con una calificación energética de 'F' o 'G' o que no dispongan de certificado energético no podrán beneficiarse de ninguna bonificación.
La calificación energética del bien inmueble deberá ser acreditada ante el ayuntamiento por el sujeto pasivo mediante la aportación del certificado regulado en el real decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Según el texto de la enmienda, el Gobierno propone con esta modificación fomentar la construcción y adquisición de bienes inmuebles energéticamente eficientes, así como la realización de instalaciones u obras para la obtención de la referida certificación.
Asimismo, se pretende incentivar la mejora de la eficiencia energética de los bienes inmuebles urbanos, estableciendo dicha bonificación para los ayuntamientos, que varía en función de dicha calificación energética, con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos por el Gobierno en materia social, económica y medioambiental.
Con esta iniciativa, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no sólo faculta a las corporaciones municipales a introducir esta rebaja sino que intenta poner orden al mismo tiempo para que no haya grandes diferencias entre unos y otros ayuntamientos, que se estaban anticipado al Ministerio.
En el consistorio de Valencia, el concejal socialista de Hacienda, Ramón Vilar, ha anunciado descuentos en el recibo de hasta el 50% por este concepto. También Ahora Madrid, el partido de la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, lleva en su programa importantes bonificaciones en este mismo capítulo de eficiencia energética.
Los ayuntamientos no pueden teóricamente introducir rebajas en el IBI que no esté prevista en la ley estatal de Haciendas Locales. En ella ya existía la posibilidad de rebajas para los bienes inmuebles con instalaciones o sistemas que aprovechen la energía solar, pero no había mención expresa a la eficiencia energética en general. La Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) había incluido iniciar actuaciones tributarias en este campo en sus recomendaciones para mejorar la rehabilitación de edificios.
Según una empresa de tasación aplicar bonificaciones en el IBI a los edificios más eficientes energéticamente es "muy efectivo" para avanzar en la concienciación de la importancia de la eficiencia energética. Si se quieren alcanzar los objetivos ambientales marcados por Europa, son necesarias medidas como ésta que contribuyan a promover que propietarios en general se sometan al examen de la eficiencia energética, considera esta compañía.
En opinión del director de Consultoría Energética de Tinsa, Luis Cañada, el beneficio a medio plazo es doble. "Este tipo de medidas permitirá a las administraciones afinar el conocimiento del estado de su parque de viviendas y, por tanto, ser más efectivos en el desarrollo e implantación de las políticas energéticas que deben llevar a cabo", afirmó.
En junio de 2013 entró en vigor la nueva normativa sobre certificación de la eficiencia energética de viviendas. Desde entonces es obligatorio (en teoría) el certificado energético para vender o alquilar viviendas. Además de la calificación energética del edificio, incluye información objetiva sobre las características energéticas de los edificios. El certificado de eficiencia energética de una vivienda permite conocer con criterios técnicos medibles el margen de mejora en términos de consumo que existe en una vivienda y cómo ello se puede traducir en un ahorro en los gastos mensuales.
También en materia de impuestos, el PP introducirá otra enmienda a los Presupuestos del próximo año en la que prorroga para 2016 la reducción de los tipos impositivos previstos en el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero para el ejercicio 2015, por lo que los tipos que se aplicarán el próximo año serán los resultantes de multiplicar dichos gravámenes por el coeficiente del 0,66.
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